Por: Daniela Flores P. – Directora Comercial de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana CITEC.

En los últimos años, la digitalización ha experimentado un crecimiento sostenido y ha transformado positivamente a diferentes industrias productivas. Esta es una realidad global y, en Ecuador, aunque el avance es evidente, todavía existe un importante camino por recorrer. Hoy en día, cada vez más operaciones personales, empresariales y gubernamentales se desarrollan en entornos digitales; sin embargo, esto también ha incrementado la exposición a riesgos que pueden afectar a personas y organizaciones en distintos niveles.

En este contexto, el pasado 31 de marzo, la Asamblea Nacional del Ecuador remitió al Registro Oficial la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad tras su aprobación. Esta normativa establece un marco jurídico orientado a proteger los sistemas de información y la infraestructura crítica de sectores como telecomunicaciones, sistema financiero, salud, energía y servicios esenciales frente al aumento de amenazas digitales.

Es importante entender que estas amenazas no solo buscan robar información de distinta naturaleza, sino también interrumpir operaciones, exigir rescates —principalmente económicos—, generar pánico, causar daños reputacionales a marcas e instituciones, espiar información con fines particulares, afectar servicios esenciales o alterar datos, entre otras acciones que, en la mayoría de los casos, generan impactos económicos significativos.

Si bien la ley aún está pendiente de publicación oficial, el nivel de conocimiento, madurez y conciencia sobre ciberseguridad continúa variando según el tamaño y sector en el que se desenvuelven las empresas y las personas. La ciberseguridad debe entenderse como un asunto de interés nacional, especialmente cuando hablamos de datos personales, información financiera, información corporativa u operativa, infraestructura crítica, credenciales y accesos.

La aprobación de esta ley representa un primer paso para integrar la ciberseguridad como un componente estratégico y prioritario dentro de los procesos y operaciones diarias. Además, plantea un modelo de colaboración y corresponsabilidad entre los distintos actores del ecosistema, promoviendo una cultura preventiva basada en monitoreo constante, protocolos de respuesta, evaluación continua y fortalecimiento de capacidades técnicas.

Como ciudadanos, también debemos comenzar por acciones básicas pero fundamentales: fortalecer nuestras contraseñas, implementar mecanismos de doble autenticación, mantener sistemas de respaldo activos, actualizar constantemente los sistemas operativos, desconfiar de enlaces desconocidos y fomentar una capacitación continua que permita evitar errores pequeños que puedan convertirse en incidentes graves.

Esta ley también abre una oportunidad para fortalecer el ecosistema tecnológico nacional y visibilizar el trabajo de empresas y especialistas locales que cuentan con experiencia y capacidades para acompañar a personas y organizaciones en estos procesos. El reto ahora será avanzar hacia una implementación efectiva que impulse una cultura de prevención, preparación y confianza digital en el país.